Dénia aprueba exigir a los nuevos funcionarios municipales que sepan valenciano

El Ayuntamiento de Dénia aprobó en el pleno celebrado hace unos días la implantación del llamado requisito lingüístico. A partir de julio de 2020 las personas que participen en las convocatorias de empleo público en la capital de la Marina Alta deberán demostrar -con su correspondiente titulación oficial- que saben valenciano.

El debate de está “decisión política” como así lo calificó el concejal de Hacienda y Personal, Paco Roselló, estuvo presente durante todos los días previos al pleno. Un debate en el que intervinieron los portavoces autonómicos de todos los partidos de la oposición en les Corts. Mientras, en Dénia, fueron los populares los que alentaron el asunto.

En el pleno, Roselló defendió que se trataba de “una decisión política” que había tomado el equipo de gobierno con el fin de defender “el derecho que tiene los ciudadanos a manifestarse en valenciano y a ser contestados en esa lengua cuando se dirigen al Ayuntamiento, por ello, apostilló “los trabajadores municipales deben conocerla”.

El edil destacó que la medida “no se impone a los trabajadores actuales” sino que tras ser aprobada por el pleno -con el respaldo de PSPV y Compromis- se incluirá en la Relación de Puestos de Trabajo a partir del 1 de enero y en las bases de plazas nuevas que se publiquen a partir del 1 de julio.

Según explicó Roselló en función de la categoría funcionarial, los aspirtantes deberán demostrar un nivel u otro de valenciano, desde el Coneiximents Orals, para las grupos profesionales más bajos hasta el mitjà o superior para los técnicos de administración general.

La valoración de GD, C's y PP 

Desde la bancada de la oposición los tres partidos (Gent de Dénia, Ciudadanos y PP) reclamaron que el requisito linguistíco sea un “mérito y no una exigencia”.

El portavoz de Gent de Dénia, Mario Vidal, expuso que desde su formación defienden “el valenciano”, pero añadió que al vivir en lugar turístico “ los requisitos deberían ser meritorios, no como requisito excluyente”.

Desde Ciudadanos, Susana Mut se expresó en la misma línea “ nos gustaría que el requisito lingüístico fuera un merito y un requisito excluyente”.

El PP pide, en vano, un informe al secretario y dejarlo sobre la mesa

 

Por su parte, la portavoz popular, aseguró que el acuerdo que iba a tomar el pleno del ayuntamiento “era contrario a derecho” ya que entre otras no había un informe del Secretario municipal. Por ello pidió, en vano, que se quedara sobre la mesa el asunto y que el maximo responsable legal del Consistorio redactara ese informe.

El secretario respondió que no podía hacer informes “al instante” y comentó que si ¼ de la corporación hubiera pedido antes del pleno el informe lo habría redactado.

Ante esta acusación popular, el edil de Personal, subrayó que el acuerdo del pleno contaba con los informes técnicos correctos: uno del asesor laboral externo y otro del técnico de recursos humanos.

Finalmente, intervino el alcalde, Vicent Grimalt, quien subrayó lo expresado por su concejal y que en Dénia “no se impone el valenciano a ninguno de los 500 funcionarios” -como se había dicho y proclamado por los portavoces autonómicos de PP y C's- y recordó que el Consistorio tiene en marcha cursos de valenciano para sus empleados, 60 en el último año.

Por último, fue rotundo al invitar al PP a ir a los juzgados si consideraban que el acuerdo era contrario a derecho “los juzgados están abiertos las 24 horas del día, vayan y presenten una denuncia”, les espetó.