La Asociación "Hablamos Español" recoge firmas en Dénia a favor de la libertad de elección de lengua

Desde la asociación han señalado que “esta iniciativa surge ante el intento del Pacto del Botánic (PSOE, Podemos y Compromís) de importar en la Comunidad Valenciana el modelo de "inmersión lingüística", añadiendo que “debería denominarse imposición lingüística, abandonando un eufemismo que maquilla la realidad del día a día de padres y alumnos, defendiendo la libre elección de lengua de los padres de la lengua vehicular de los estudios de sus hijos, y que no sean los centros, mediante las AMPAS y el Claustro, usualmente politizados, quien decida por los padres, conculcando sus derechos lingüísticos como progenitores a la libre elección de la educación de sus hijos en la escuela pública, y obligando a acudir a la privada si desean educación bilingüe o trilingüe con un porcentaje de horas de castellano que asegure el dominio pleno”.

Según se traslada a este medio, los voluntarios están dados de alta en el Cosell como fedatarios, acreditados mediante tarjeta, y los pliegos timbrados y numerados, un procedimiento muy reglado, con tratamiento escrupuloso de los datos facilitados según la LOPD. Se recogen separadamente las firmas de españoles (DNI) censados en la Comunidad, extranjeros (NIE, residentes y censados en cada pueblo concreto) y menores entre 16 y 18.

Entre los voluntarios de la Asociación hay valenciano hablantes que según explican, abogan por persuadir con pedagogía y proselitismo, y no imponer, aduciendo que "están haciendo del valenciano una lengua antipática y odiosa, vehículo de confrontación social e instrumento ideológico del pancatalanismo, en vez de respetar la cultura e idiosincrasia valenciana, negando su propio ser, incluso el nombre de la lengua y la denominación oficial de la comunidad, 40 años después de la "batalla de Valencia" y durante la Transición”.

La Asociación denuncia que los centros docentes de la Comunidad Valenciana, "en la actualidad no atienden las peculiaridades y las necesidades de las familias venidas del resto de España, de países hispanohablantes o extranjeros, con el único propósito de extender el valenciano con políticas contraproducentes a fin de evitar la diglosia. Defendemos la libertad de elección y por supuesto el valenciano, como patrimonio lingüístico y riqueza común a proteger, lengua minorizada y amparada por la Constitución, pero no como vehículo de construcción nacional". Como ejemplo, aducen la última estadística catalana, que "con unas políticas de imposición lingüística judicializadas, ha perdido 500.000 hablantes".