Otro "sentenciazo" lastrará las cuentas de Dénia de los próximos años

El equipo de gobierno anunció en el pleno celebrado la semana pasada que han recibido otra sentencia en materia urbanística contraria a los intereses municipales, que supondrá el enésimo lastre para las cuentas del Consistorio de los próximos años. Son 9 millones de euros. 

 

En la sesión el gobierno daba cuenta del convenio aprobado para materializar el pago del solar de la avenida Miguel Hernández, que era el terreno reservado para el segundo centro de salud que la concesionaria de la Sanidad comarcal, como es más que evidente, no ha puesto en marcha. Sobre este suelo habia un litigio y el TSJ finalmente obligó a pagar unos seis millones de euros. 

 

Ahora, se ha firmado un convenio con los propietarios demandantes por el que Dénia abonará la totalidad de esa cantidad en cómodos plazos, aunque todo sea dicho, al final el importe abonado subirá hasta los 9 millones de euros. En septiembre Dénia deberá ingresar 1 millón de euros, y a partir de ahí unos 800.000 euros anuales, hasta 2025. 

 

Fue en ese contexto donde el concejal de Urbanismo y Hacienda, Vicente Chelet, dio a conocer otra sentencia por importe similar. Se trata de una expropiación realizada en 1995 para la apertura de la avenida Ramón Ortega. Son 9 millones de euros. El Ayuntamiento ha recurrido el auto del juez y habrá que ver que sucede. 

 

 

Otro de los asuntos que fue aprobado en el pleno celebrado antes del puente del primero de mayo fue una moción presentada por el cuatritpartito de la oposición de Dénia, en la que reclaman al Secretario Municipal que "avale la seguridad jurídica del Plan General Estructural". 

 

Eso lo hicieron pese a la advertencia del propio funcionario, quien expuso que no se cumplían los supuestos para que hubiera de realizar ese informe, pese a lo cual los cuatro partidos sacaron adelante su propuesta. La alcaldesa, Ana Kringe, defendió por su parte 

Por otro lado, en materia urbanística, salió adelante la moción presentada por los cuatros grupos de la oposición (PSPV, Bloc, CU y C’s) de petición de un informe al secretario municipal que avale la seguridad jurídica del PGE. 

Pese a la advertencia del propio secretario señalando que no se cumplían los supuestos para que emitiera dicho informe, los cuatro grupos de la oposición se alinearon para votar favorablemente y solicitarlo. Mientras la alcaldesa, Ana Kringe, explicó que el informe del Secretario "se realizará cuando el documento urbanístico" deba ser aprobado por el pleno.