Unos 130.000 euros
El PSOE encuentra en un cajón una sentencia que ordena la devolución del sueldo del fallecido Juan Collado
Todos los partidos se ponen de acuerdo para abrir una comisión de investigación y averiguar la razón por la que esa sentencia de diciembre de 2014 no pasó a la Junta de Gobierno y se quedó metida en un cajón. El debate provoca un agrio enfrentamiento entre Vicent Grimalt y al anterior alcaldesa, Ana Kringe, a la que pidió que dimita por dejación de responsabilidad
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El Ayuntamiento de Dénia es una caja de sorpresas. Cuando no es una sentencia urbanística, es una multa de Costas o una sentencia que devuelve a Dénia a hace nada más y nada que siete años atrás: cuando una moción de censura firmada por el exsocialista Juan Collado desbancó al PSPV de la alcaldía.
No se sabe como, el equipo de gobierno actual encontró en un cajón la sentencia de un caso de entonces. El PSPV decidió recurrir a la Justicia los acuerdos por los que en 2008 los cuatro partidos que se juntaron para desbancarlo del poder se repartieron los sueldos, entre ellos, un sueldo elevado a Collado, auténtico valedor.
En su recurso, el PSPV adujo que el concejal tránsfuga no podía tener ni mayor sueldo ni más atribuciones (delegaciones) que las que tenía en su anterior partido, en base al pacto antitransfugismo que se había aprobado. La Subdelegación del Gobierno también recurrió ese acuerdo de salarios ante la justicia.
La justicia se tomó su tiempo y tras varias sentencias y sus recursos.. dictaminó finalmente en diciembre de 2014 que el concejal debía reintegrar el sueldo obtenido durante los años que formó parte del gobierno. Unos 130.000 euros. Esa sentencia es la que llegó al Ayuntamiento y que por causas que se desconocen el señor X metió en el cajón hasta ahora. (Se da la triste causalidad que el citado concejal falleció hace unos meses).
Así, poco antes del pleno celebrado ayer, el equipo de gobierno actual dio cuenta a los partidos de la oposición del hallazgo y que además había un requerimiento del juzgado al Consistorio para solicitarle como iba a ejecutar la sentencia. Esto fue en febrero de este año.
El debate
Ante esta sentencia PSPV y Compromis presentaron al pleno celebrado el jueves por la tarde una propuesta para la creación de una Comisión de Investigación para esclarecer las causas por las que esa sentencia acabó en un cajón así como para saber quien tomó la decisión de guardarla. La comisión salió adelante con el voto de todos los partidos pero el debate elevó el tono de las intervenciones y concluyó con los llamamientos a la cordura y las buenas formas de la concejala de Ciudadanos, Mari Martínez.
PSPV: "Usted dijo en marzo que no sabía nada de esa sentencia"
El alcalde, Vicent Grimalt, hizo un repaso por todos los hechos acaecidos y recordó que en dos ocasiones durante 2015 los socialistas preguntaron a la anterior alcaldesa, Ana Kringe, sobre el asunto, y ésta respondía que no sabía nada de la sentencia. Por ello, dijo que ella y su equipo "y las tres concejalas que hay aquí son responsables de que esa sentencia estuviera escondida".
Grimalt remarcó que se debe investigar para que se "aclare quien la escondió" y por último le sugirió que "por haber faltado a la verdad" dimitiera de su cargo.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto concretó en otra intervención de que se trataba la sentencia, dado su mayor conocimiento del lenguaje jurídico al ser abogado de profesión. Según comentó se trata de que ha habido "una irregularidad con esta sentencia" ya que no ha pasado por la Junta de Gobierno. Además, añadió que las concejalas del PP debían tener "la sensación de la responsabilidad ética y moral de cuando ante la evidencia de que hay un crédito a favor del Ayuntamiento que ustedes han dejado abandonado", en relación con los 130.000 euros que se debían de reintegrar a la caja municipal.
Y también porque no se atendieron los requerimientos del juez para explicarle cómo se iba a hacer cumplir la sentencia.
PP: "Esa sentencia no pasó por alcaldía"
La portavoz del PP, Ana Kringe, explicó que su partido iba a votar a favor de crear la comisión de investigación y comentó que "todas las sentencias que llegan al ayuntamiento, tienen su registro de entrada y van a Secretaria, y se dan cuenta a la Junta de Gobierno". La exalcaldesa continuó "nos gustaran a nos gustaran -las sentencias- todas se han dado cuenta" y añadió que en el caso de esa "a alcaldía no llegó".
Kringe defendió a sus compañeras de partido -Pepa Sivera y María Mut- "no les acuse de esconder nada, porque yo desde luego he tenido que pasar por la Junta de Gobierno sentencias que no me han gustado un pelo y se han pasado", remachó.
Además, la exalcaldesa lamentó que estas cosas se informen 45 minutos antes de un pleno y pidió -en vano- que se hubiera informado en las comisiones en las que se prepara el pleno.
Compromís: Aprobamos esta comisión el mismo día que la ordenanza de transparencia
Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Carrió, subrayó que su partido apoyaría la moción para crear la comisión de investigación y lo relacionó con la aprobación que acababa de realizar el pleno: la nueva ordenanza de transparencia, que permitirá "averiguar a algo que no entendemos y que no queremos que vuelva a pasar".
El Ayuntamiento de Dénia es una caja de sorpresas. Cuando no es una sentencia urbanística, es una multa de Costas o una sentencia que devuelve a Dénia a hace nada más y nada que siete años atrás: cuando una moción de censura firmada por el exsocialista Juan Collado desbancó al PSPV de la alcaldía.
No se sabe como, el equipo de gobierno actual encontró en un cajón la sentencia de un caso de entonces. El PSPV decidió recurrir a la Justicia los acuerdos por los que en 2008 los cuatro partidos que se juntaron para desbancarlo del poder se repartieron los sueldos, entre ellos, un sueldo elevado a Collado, auténtico valedor.
En su recurso, el PSPV adujo que el concejal tránsfuga no podía tener ni mayor sueldo ni más atribuciones (delegaciones) que las que tenía en su anterior partido, en base al pacto antitransfugismo que se había aprobado. La Subdelegación del Gobierno también recurrió ese acuerdo de salarios ante la justicia.
La justicia se tomó su tiempo y tras varias sentencias y sus recursos.. dictaminó finalmente en diciembre de 2014 que el concejal debía reintegrar el sueldo obtenido durante los años que formó parte del gobierno. Unos 130.000 euros. Esa sentencia es la que llegó al Ayuntamiento y que por causas que se desconocen el señor X metió en el cajón hasta ahora. (Se da la triste causalidad que el citado concejal falleció hace unos meses).
Así, poco antes del pleno celebrado ayer, el equipo de gobierno actual dio cuenta a los partidos de la oposición del hallazgo y que además había un requerimiento del juzgado al Consistorio para solicitarle como iba a ejecutar la sentencia. Esto fue en febrero de este año.
El debate
Ante esta sentencia PSPV y Compromis presentaron al pleno celebrado el jueves por la tarde una propuesta para la creación de una Comisión de Investigación para esclarecer las causas por las que esa sentencia acabó en un cajón así como para saber quien tomó la decisión de guardarla. La comisión salió adelante con el voto de todos los partidos pero el debate elevó el tono de las intervenciones y concluyó con los llamamientos a la cordura y las buenas formas de la concejala de Ciudadanos, Mari Martínez.
PSPV: "Usted dijo en marzo que no sabía nada de esa sentencia"
El alcalde, Vicent Grimalt, hizo un repaso por todos los hechos acaecidos y recordó que en dos ocasiones durante 2015 los socialistas preguntaron a la anterior alcaldesa, Ana Kringe, sobre el asunto, y ésta respondía que no sabía nada de la sentencia. Por ello, dijo que ella y su equipo "y las tres concejalas que hay aquí son responsables de que esa sentencia estuviera escondida".
Grimalt remarcó que se debe investigar para que se "aclare quien la escondió" y por último le sugirió que "por haber faltado a la verdad" dimitiera de su cargo.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto concretó en otra intervención de que se trataba la sentencia, dado su mayor conocimiento del lenguaje jurídico al ser abogado de profesión. Según comentó se trata de que ha habido "una irregularidad con esta sentencia" ya que no ha pasado por la Junta de Gobierno. Además, añadió que las concejalas del PP debían tener "la sensación de la responsabilidad ética y moral de cuando ante la evidencia de que hay un crédito a favor del Ayuntamiento que ustedes han dejado abandonado", en relación con los 130.000 euros que se debían de reintegrar a la caja municipal.
Y también porque no se atendieron los requerimientos del juez para explicarle cómo se iba a hacer cumplir la sentencia.
PP: "Esa sentencia no pasó por alcaldía"
La portavoz del PP, Ana Kringe, explicó que su partido iba a votar a favor de crear la comisión de investigación y comentó que "todas las sentencias que llegan al ayuntamiento, tienen su registro de entrada y van a Secretaria, y se dan cuenta a la Junta de Gobierno". La exalcaldesa continuó "nos gustaran a nos gustaran -las sentencias- todas se han dado cuenta" y añadió que en el caso de esa "a alcaldía no llegó".
Kringe defendió a sus compañeras de partido -Pepa Sivera y María Mut- "no les acuse de esconder nada, porque yo desde luego he tenido que pasar por la Junta de Gobierno sentencias que no me han gustado un pelo y se han pasado", remachó.
Además, la exalcaldesa lamentó que estas cosas se informen 45 minutos antes de un pleno y pidió -en vano- que se hubiera informado en las comisiones en las que se prepara el pleno.
Compromís: Aprobamos esta comisión el mismo día que la ordenanza de transparencia
Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Carrió, subrayó que su partido apoyaría la moción para crear la comisión de investigación y lo relacionó con la aprobación que acababa de realizar el pleno: la nueva ordenanza de transparencia, que permitirá "averiguar a algo que no entendemos y que no queremos que vuelva a pasar".
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