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Carlos López
Lunes, 12 de Junio de 2017 Tiempo de lectura:

La caja del ayuntamiento en rojo: Una condena urbanística extra de verano

Una nueva sentencia llega al Ayuntamiento. Una sentencia vinculada con otra cuya condena ya pagan los vecinos de Dénia en cómodos plazos. La expropiación de la finca la Baronesa le costará a todos los vecinos 13 millones de euros.

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Como si de la paga extra verano se tratara, el Ayuntamiento de Dénia ha recibido una sentencia extra que obligará a desembolsar nada más y nada menos que tres millones de euros más a los propietarios de un terreno a los que ya debe abonar otros 10 millones.

 

Así lo ha dado a conocer el gabinete de alcaldía hoy a los medios de comunicación, toda vez que los partidos con representación municipal han recibido la copia de la última sentencia contraria a los intereses del Ayuntamiento. Una sentencia que obliga al Consistorio a abonar 3 millones de euros más a los propietarios de la finca la Baronesa, en la zona de la avenida Miguel Hernández, a los que ya está abonando en cómodos plazos otra condena judicial por importe de 10 millones de euros. En total, estos propietarios recibirán 13 millones de euros.

 

En declaraciones a Radio Dénia, el concejal de Hacienda, Paco Roselló, ha explicado que los servicios jurídicos municipales estudian si presentan un recurso contra la sentencia y ha indicado que se trata de una cesión que hicieron “los propietarios con un aprovechamiento urbanístico que el ayuntamiento no compensó”, o al menos “así lo entiende el juez”, ha matizado el edil.

 

Roselló ha asegurado además que el magistrado en la exposición de motivos de la sentencia “reproduce unos argumentos muy similares a los que ya se dieron en el anterior litigio con esta misma familia” y no son otros que el Consistorio “no había presentado prueba documental que justifique la compensación”.  

 

 

Una carga más a la mochila urbanística

 

Esta sentencia de verano, añade una piedra más en la pesada mochila que pende sobre el actual gobierno de Dénia y el de los próximos años. Una carga cifrada en 15 millones de euros, y que mediante convenios y acuerdos con los propietarios afectados el Consistorio pagará en plazos hasta más allá de 2020.

 

Una hipoteca que bloquea el capítulo de inversiones municipal y que deja bajo mínimos la caja municipal a la hora de tener margen para poner en marcha los proyectos que necesita la ciudad y reclaman los ciudadanos.

 
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