CEDMA constata la buena voluntad de los consistorios de la comarca para solucionar el problema de los alquileres turísticos

El Cercle Empresarial de la Marina Alta ha podido constatar tras unos encuentros con diversos alcaldes de la Marina Alta la buena voluntad de los Ayuntamientos para buscar una solución al problema que ha creado la recién aprobad Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat en lo relativo a los alquileres turísticos.

El artículo 65 de esta ley obliga a empresas y particulares a inscribir la vivienda que destinan al alquiler en un registro autonómico, pero como paso previo, exige la presentación de un informe de compatibilidad urbanística que debe hacer el ayuntamiento. Es este paso el que se está convirtiendo en un embudo ya que los planes general de Ordenación Urbana no recogen, en su gran mayoría, tal posibilidad.

El Cercle Empresarial de la Marina Alta ha recogido que los alcaldes y concejales de Urbanismo de Dénia, Xàbia y Teulada-Moraira han manifestado expresamente a la junta directiva de CEDMA que su intención es no poner trabas a la emisión de los informes urbanísticos de compatibilidad. Todos -aseguraron- entienden perfectamente la relevancia de las viviendas turísticas para la economía de sus municipios, puesto que el 70% de los visitantes de la provincia se aloja en viviendas.

Además, todos -sin importar el signo político del equipo de gobierno-, han señalado que el artículo 65 de la nueva ley ha supuesto una mayor carga de trabajo. Los departamentos de Urbanismo han de dedicar mucho tiempo y recursos para averiguar la tramitación de los informes. Algunos, como Xàbia, se han visto en la necesidad de modificar su actual normativa urbanística para adaptarse al nuevo texto legal autonómico, un anuncio que ayer hizo el alcalde, José Chulvi, en el transcurso de la reunión del Consell asesor de Urbanismo (en la imagen)

Desde los Ayuntamientos se coincide con el Cercle en que estos esfuerzos y trabas se podrían evitar si se modificara la Ley de Turismo. Opinan que la solución debería ser global y no pasar por cada uno de los Ayuntamientos. Desde CEDMA se insiste en que el artículo 65 ha de ser derogado y se parte de la base de que en el momento de su aprobación no se llegaba a comprender el alcance real de la medida que se adoptaba. Ahora se están viendo las consecuencias y no son nada positivas para ninguna de las partes implicadas.

De las reuniones mantenidas la federación se pregunta que si los ayuntamientos no van a poner pegas, ¿para qué el trámite del informe urbanístico de compatibilidad, para poner un tapón al sector? Y se concluye que este no es un problema de partidos sino de territorio, por lo que espera que la cordura se imponga y se rectifique a tiempo.