La plataforma en defensa de la Sanidad Pública acuerda pedir una reunión con la consellera de Sanitat

La plataforma en defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta acordó en su última reunión celebrada esta semana solicitar un encuentro con la consellera de Sanitat, Ana Barceló o el president de la Generalitat, Ximo Puig, con el fin de que les pongan al día del procedimiento de rescate de la concesión sanitaria a la empresa Marina Salud.

Hace unos días en Xàbia, la propia Barceló anunció que la modalidad del rescate se produciría a través de la entrada del capital público en el accionariado de la concesionaria. La Generalitat compraría las acciones de la aseguradora alemana DKV, una modalidad que no agrada sobretodo a los trabajadores, pero que en cambio es la que mejor se adapta a la legalidad vigente.

Esas dudas se pusieron sobre la mesa en la reunión de la Plataforma que no obstante remarcó que tienen que pensar en los “intereses de los tres colectivos afectados por el rescate, el personal laboral, el estatutario y la ciudadanía, pero centrándose principalmente en el derecho a una sanidad pública, gratuita y de calidad para todas las personas”.

Tras múltiples intervenciones, de políticos de la comarca y de diputados en les Corts, así como de miembros del comité de Empresa de Ribera Salud y de la propia Marina Salud. Uno de ellos, fue Pedro Durán quien afirmó que la reversión en esa comarca se ha hecho “con una seguridad jurídica del cien por cien” y remarcó que la Conselleria ha aumentado la plantilla en más de 400 trabajadores.

Durán también subrayó que hay “mucha información tóxica en la prensa y que el 98% son falsedades” y aseguró que en el caso de que la propuesta de Conselleria vaya para adelante “la empresa pública fracasará sin ninguna duda”.

En esta línea se manifestó Migue Burguera del Comité de Empresa de Marina Salud, quien insistió en que con la empresa pública “continuaría el techo de gasto que viene dado por la cápita con lo que la situación no cambiaría mucho” y auguró que “seguriá la fuga de profesionales”. De hecho apostó por aplicar en Dénia el mismo sistema que se hizo en Alzira “la reversión que se hizo allí es la forma correcta”.

Ese sistema obligaría al Consell a rescindir el contrato con Marina Salud, con lo que salvo que haya incumplimientos graves del mismo, la empresa llevaría el asunto a los tribunales y la caja de todos, la caja de la Generalitat, debería afrontar como mínimo un coste equivalente a los años de la concesión que faltarían. A razón de 100 millones de euros anuales, con lo que si acaba en 2023 serían 400 millones de euros...

Finalmente la Plataforma acordó convocar una reunión con la Xarxa de Alcaldes de la Marina Alta, preparar un informe en el que se exponga la opinión de la plataforma y remitir una carta abierta a la Consellera de Sanitat.