Los partidos políticos de Dénia pactan una moción conjunta al pleno para apoyar a los vecinos afectados por la reforma de la Ley de Costas

La presión de los vecinos y asociaciones ha posibilitado que todos los partidos con representación en el pleno del Ayuntamiento de Dénia se hayan puesto de acuerdo para presentar una moción conjunta al pleno que se celebra este jueves con el fin de darles apoyo a sus reclamaciones respecto a las modificaciones de la ley de Costas que está planteando el Gobierno central y exponerles su proyecto “Stop ley de Costas”.

Cabe recordar en este sentido, que el PP anunció una moción al pleno de este mes, para denunciar la grave afectación de la modificación de ese reglamento.

La asociación de vecinos Playas Norte y otras asociaciones vecinales se han reunido en las últimas semanas con todos los partidos con el fin de ponerles al tanto de esas modificaciones y los efectos legales que sobre sus propiedades puedan tener. El último encuentro fue con el alcalde, Vicent Grimalt, los concejales de Playas y del barrio de Les Marines, Pepe Doménech, Sandra Gertrúdix; así como Maite Pérez (responsable de Transición Ecológica) y Maria Josep Ripoll (Territorio), así como los portavoces de los partidos de la oposición.

Un encuentro, que según definió Grimalt en Radio Dénia fue “cordial y tranquila” , y en ella todos coincidieron en tratar de ayudar a la asociación.

Por su parte, desde este colectivo, remarcaron que obtuvieron “el firme compromiso” de los concejales asistentes de “implicarse y apoyar a los vecinos” ante esta ambiciosa reforma de la Ley de Costas.

Entre sus argumentos, recordaron que la Ley de Costas ahora vigente -aprobada en 1988- se ha convertido en “una ley injusta, arbitraria y sin ninguna voluntad de proteger las costas españolas”, según apuntaron “como resultado de su aplicación retroactiva, las propiedades legales construidas a las playas españolas fueron objeto de la imposición de nuevas y duras servidumbres que menguaron sustancialmente el pleno dominio de sus legítimos propietarios, siendo muchas de ellas incorporadas al Dominio Público, sin ninguna indemnización económica, y objeto de destrucción o demolición arbitrarias muchas de ellas”.

Además, se ha producido “grandes daños medioambientales en las zonas costeras, al aumentar considerablemente su erosión como resultado de la descomunal retención de sedimentos que provocan los embalses y que tendrían que llegar a las playas, y por la absoluta inacción de la nueva Ley contra estas causas y contra los causantes, los explotadores de estas infraestructuras, lo cual ha llevado a la desaparición de muchas playas españolas y llevará a la extinción de todas ellas en pocas décadas”.

Ante esto, piden una reforma del articulado de la ley que obligue a los “responsables de los pantanos a restituir el flujo sedimentario fluvial y a que, mientras esto se produce, recupero por ley y de manera urgente, las playas regresivas con arenas procedentes de la plataforma continental. Y que paralizo por Ley los injustos y arbitrarias Deslindes del DPMT que se vienen produciendo fundamentados en esta causa”.