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Carlos López
Jueves, 31 de Marzo de 2022 Tiempo de lectura:

El derecho de tanteo y retracto en la Marina Alta: Cero viviendas compradas por los Ayuntamientos de 241 posibles

 

Un año hace que siete ayuntamientos de la Marina Alta se sumaron al convenio para el derecho de tanteo y retracto promovido por la Conselleria de Vivienda para la adquisición de propiedades procedentes del banco malo o ejecuciones hipotecarias. Un año en que los Ayuntamiento de la comarca no han ejercido ese derecho.

 

Según los datos que ha facilitado la Conselleria a esta redacción, desde enero de 2021 hasta el pasado 27 de marzo, los técnicos han remitido a Xàbia, Ondara, Benissa, Teulada, Pedreguer, Benitatxell y Xaló un total de 241 avisos de operaciones inmobiliarias de este tipo de viviendas, sobre las que la administración podía ejercer el derecho de tanteo para adquirirlas y ampliar, sino crear, su parque público. Sin embargo, los Ayuntamientos han renunciado a esa posibilidad.

 

En concreto,  la Generalitat recibió 1201 notificaciones de operaciones de compraventa de viviendas de este tipo en la Marina Alta durante ese periodo, con el siguiente desglose por localidades: 

 

Dénia

337

Calp

158

Xàbia

106

Ondara

95

Benissa

79

Pego

79

El Verger

77

Teulada

76

Gata de Gorgos

64

Pedreguer

57

Sanet i Negrals

32

Beniarbeig

31

Benitatxell

25

Els Poblets

18

Alcalalí

9

Xaló

7

Benidoleig

4

Murla

4

Senija

3

Parcent

2

Benigembla

2

Benimeli

2

Sagra

2

Vall de Gallinera

1

 

 

 

Y de todas estas, 241 operaciones fueron comunicadas a los siete ayuntamientos con los que tiene el convenio: 

Xàbia ha rechazado adquirir 41 viviendas, Ondara 59, Benissa 44, Teulada 46, Pedreguer 33 y Benitatxell otras 13.

 

 

Las razones para no adquirirlas

 

Al margen de las evidentes necesidades de vivienda pública que hay en el conjunto de la Marina Alta, la más tensionada por la presión turística y la más olvidada en políticas de vivienda, las causas de que los ayuntamientos no hayan ejercido este derecho que les concede la ley autonómica podrían estar en las dudas que genera el estado en que se encuentran estas propiedades y los posibles gastos que se pudieran derivar para tener que actualizarlas. Algo que debería estar por detrás de la necesidad de vivienda asequible que hay.

 

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