Los socialistas de Ondara rechazan de pleno la corrida que acogerá la Plaza de Toros

La plaza de toros de Ondara, conocida en la última década como "La Joya de la Cultura" por su transformación en un espacio cultural bajo la administración socialista, se ha convertido en el centro de una controversia tras la autorización de una corrida de toros en el municipio. Este evento, financiado con fondos públicos por la Generalitat, ha generado un fuerte rechazo por parte de los socialistas locales.

Durante los últimos años, la plaza ha sido un punto de referencia para la celebración de actividades culturales, sociales y festivas, sin que se celebren corridas de toros. Según la nota de prensa emitida por el Partido Socialista de Ondara, varios intentos previos de organizar corridas fueron disuadidos por las autoridades locales, argumentando que la voluntad popular estaba en contra de este tipo de eventos y que, además, no eran económicamente viables.

Sin embargo, la reciente decisión de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Cultura, de respaldar económicamente un circuito de "novilladas" ha permitido que se programe una corrida de toros en la plaza de Ondara, a pesar de la oposición del ayuntamiento. y de una carta formal de la alcaldía manifestando el rechazo de la comunidad.

El Partido Socialista de Ondara ha expresado su firme oposición a cualquier forma de maltrato animal y ha calificado la corrida como "una aberración propia de siglos pasados". No obstante, el gobierno local se ha visto obligado a ceder la plaza para el evento debido a un imperativo legal, bajo la amenaza de cometer prevaricación si se negaban a autorizar la cesión de la instalación.

En señal de protesta, el partido ha anunciado que ni el alcalde ni ningún concejal socialista presidirá la corrida, como lo exige la ley de espectáculos taurinos, y delegará esta responsabilidad en la autoridad correspondiente. Los socialistas han reiterado su compromiso de mantener "La Joya Levantina" como un espacio de cultura y vida, rechazando la imposición de eventos que consideran contrarios a los valores del municipio.