El Juzgado reconoce el complemento de peligrosidad para las educadoras sociales del Ayuntamiento de Dénia
Una sentencia judicial estima la demanda presentada por las trabajadoras de Servicios Sociales de Dénia, obligando al consistorio a abonar el complemento de peligrosidad con efecto retroactivo desde febrero de 2023.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Alicante ha fallado a favor de las educadoras sociales del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Dénia, en su reclamación del complemento de peligrosidad (PL3). La resolución reconoce que su labor diaria se desarrolla en entornos de riesgo similares a los de las trabajadoras sociales, incluyendo situaciones donde se producen amenazas, vejaciones y agresiones físicas no controlables.
El juzgado ha considerado que las funciones de las educadoras justifican plenamente la aplicación del grado 3 de peligrosidad, en base a los criterios establecidos por la normativa vigente, que contempla dicho complemento “en caso de toma de decisiones en situaciones sociales conflictivas con riesgo potencial a sufrir agresiones físicas y amenazas no controlables”.
Según informa el sindicato EMAD (Empleados de la Administración), cuyos servicios jurídicos han respaldado esta reclamación, el fallo establece que el Ayuntamiento de Dénia deberá abonar el complemento con efecto retroactivo desde la presentación de la primera reclamación administrativa, fechada el 21 de febrero de 2023, además de incluir los intereses legales correspondientes.
Desde el sindicato se señala que, aunque cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la sentencia ya supone “un paso adelante en la dignificación de la profesión y el reconocimiento real de las condiciones laborales que enfrentan estas trabajadoras”.
El secretario general de EMAD, Miguel Giménez, ha manifestado que “se ha hecho justicia a las compañeras educadoras sociales”, y ha instado a otras administraciones a revisar situaciones similares dentro de sus plantillas.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Alicante ha fallado a favor de las educadoras sociales del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Dénia, en su reclamación del complemento de peligrosidad (PL3). La resolución reconoce que su labor diaria se desarrolla en entornos de riesgo similares a los de las trabajadoras sociales, incluyendo situaciones donde se producen amenazas, vejaciones y agresiones físicas no controlables.
El juzgado ha considerado que las funciones de las educadoras justifican plenamente la aplicación del grado 3 de peligrosidad, en base a los criterios establecidos por la normativa vigente, que contempla dicho complemento “en caso de toma de decisiones en situaciones sociales conflictivas con riesgo potencial a sufrir agresiones físicas y amenazas no controlables”.
Según informa el sindicato EMAD (Empleados de la Administración), cuyos servicios jurídicos han respaldado esta reclamación, el fallo establece que el Ayuntamiento de Dénia deberá abonar el complemento con efecto retroactivo desde la presentación de la primera reclamación administrativa, fechada el 21 de febrero de 2023, además de incluir los intereses legales correspondientes.
Desde el sindicato se señala que, aunque cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la sentencia ya supone “un paso adelante en la dignificación de la profesión y el reconocimiento real de las condiciones laborales que enfrentan estas trabajadoras”.
El secretario general de EMAD, Miguel Giménez, ha manifestado que “se ha hecho justicia a las compañeras educadoras sociales”, y ha instado a otras administraciones a revisar situaciones similares dentro de sus plantillas.
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