El diputado Ximo Perles denuncia falta de impulso político en la Diputación y alerta sobre posibles irregularidades con Proaguas Costablanca

Desde su llegada en solitario a la Diputación de Alicante, Perles ha constatado lo que define como un cambio de rol institucional. “La Diputación ha dejado de ser un bastión de confrontación con el Consell para convertirse en una simple muleta del gobierno autonómico”, señala. Según el diputado de Compromís, “la iniciativa política es débil, hay poco impulso desde el gobierno provincial y las grandes apuestas como el Plan Más Cerca o el Bono Comercio están paralizadas por la falta de disponibilidad presupuestaria y por las restricciones fiscales actuales”, ha apuntado.

El diputado ha detallado que, con la desaparición del remanente de tesorería como herramienta financiera, “ya no pueden seguir haciendo política inversora al no haberse adherido al Fondo de Cooperación” y ha lamentado que la Diputación no lo hiciera cuando era viable. “Ahora, con las reglas fiscales vigentes, es más difícil incorporarse, pero eso no justifica que no se intenten otras soluciones para apoyar a los municipios”, ha afirmado, asegurando también que el actual gobierno provincial carece de hoja de ruta propia y sufre una evidente falta de liderazgo.

Uno de los aspectos que Ximo Perles ha denunciado con mayor contundencia es el reparto de la publicidad institucional, al que califica de “absolutamente arbitrario y politizado”. Según explica, la Diputación de Alicante gestiona más de un millón de euros anuales en campañas publicitarias y la distribución responde, a su juicio, a criterios ideológicos y de afinidad política. “No hay criterios objetivos ni transparencia. Se escoge a qué medios se paga según su línea editorial y no en función de su audiencia ni de su alcance real”, ha denunciado.

Entre los ejemplos concretos, Perles destaca que medios como El País o eldiario.es “nunca han recibido una inserción”, mientras que cabeceras como OkDiario o EsDiario “sí son destinatarios habituales de estas campañas”. También ha cuestionado el desequilibrio en la publicidad institucional en prensa nacional, porque “El Mundo aparece de forma sistemática mientras que otros con similar o mayor alcance no existen para la Diputación”, ha asegurado.

Ante la falta de respuesta del equipo de gobierno, Perles decidió elevar el asunto a la Fiscalía, que ya investiga el caso. Según ha explicado, “desde Presidencia se firman los contratos, no desde el área de comunicación institucional, lo que implica responsabilidad directa del presidente Toni Pérez”.

Otro foco de preocupación expresado por Perles es la situación de la empresa pública Proaguas Costablanca, encargada del mantenimiento de depuradoras, analíticas de agua y otros servicios esenciales en municipios. Según ha expuesto, la gestión de esta empresa pública se encuentra en una situación jurídica “extremadamente delicada”, con contratos presuntamente nulos desde 2017, tal y como avalan informes del Consell Jurídic Consultiu.

“La EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales) externalizó durante años trabajos a Proaguas mediante convenios que ya no se ajustan a la legalidad actual, al considerarse ahora como contratos de servicios encubiertos”, ha explicado. A pesar de que el Botànic impulsó una licitación para regularizar esta situación, la llegada del nuevo gobierno supuso la retirada de la convocatoria de contratación ya publicada, una decisión que, según Perles, agrava aún más el problema: “Se está utilizando una resolución temporal avalada por el Consell Jurídic Consultiu como excusa para mantener una prestación de servicios que carece de cobertura legal real”.

Perles ha subrayado que no solo existe un problema de legalidad en los encargos de la EPSAR, sino también en los realizados por la propia Diputación. “Para que una empresa pública se considere medio propio, no puede facturar más del 20% a entidades ajenas. Con más de un millón facturado a la EPSAR, Proaguas incumple este requisito”, ha alertado. Esto compromete incluso la validez de las encomiendas de gestión realizadas por la Diputación de Alicante.

Además, el diputado ha señalado que la dirección de la empresa está “fuertemente politizada”, con el exalcalde de Altea y exsenador del PP, Miguel Ortiz, como gerente, y la hermana de Carlos Mazón en plantilla. Aunque ha recalcado que no cuestiona la profesionalidad de ningún trabajador, sí exige “máxima transparencia y legalidad” en una empresa pública que maneja recursos esenciales.

Un presidente “superado”

Ximo Perles ha acusado a Toni Pérez de “estar superado” y de ejercer la presidencia de la Diputación de forma residual. “No asiste a las Juntas de Gobierno ni a las Comisiones Informativas y su implicación real es mínima. Está más centrado en su papel como alcalde de Benidorm que en liderar la Diputación”, ha afirmado Perles. También ha criticado la falta de respuesta del presidente a los intentos de diálogo y a las advertencias sobre posibles irregularidades, porque “no hay reacción ni voluntad de resolver los problemas”.

Asimismo, ha lamentado que varios diputados del gobierno no participen activamente en sus propias comisiones, como ejemplificaba con el rol del responsable de Deportes, Bernabé Cano. “Yo, desde la oposición, asisto a todo. Ellos, con responsabilidades de gobierno, ni siquiera cumplen con su obligación”, ha dicho.

Frente a la inacción que atribuye al equipo de gobierno, Perles defiende un papel más activo de la oposición. Pone como ejemplo la gestión municipal de Calp, donde forma parte del equipo de gobierno. “Allí sí hemos sido capaces de optimizar partidas presupuestarias para generar modificaciones de crédito y permitir inversiones sin recurrir al remanente de tesorería”, explica. Considera que este tipo de gestión también sería posible en la Diputación si existiera voluntad política.

Ante lo que considera una parálisis institucional, con escasa capacidad de transformación, el diputado de la formación nacionalista también ha puesto el foco en la necesidad urgente de abordar desde la Diputación de Alicante cuestiones importantes como puede ser el acceso a la vivienda en la provincia, especialmente en zonas turísticas. Propone que el ente provincial financie Planes Municipales de Vivienda para adaptar soluciones a las realidades locales. “La falta de vivienda ya no es solo un problema social, también es un problema para el turismo, porque no se puede contratar a sanitarios o camareros al no poder afrontar un alquiler elevado”, advierte.

En relación con el anteproyecto de Ley de Costas del Consell, Perles ha mostrado su rechazo, al considerar que promueve la masificación del litoral y un modelo urbanístico insostenible. “Reducir las distancias para edificar cerca del mar es incompatible con el respeto al medioambiente y con la calidad del destino turístico”, subraya.

También ha querido denunciar una situación que califica de “salvajada” como es la falta de refuerzos sanitarios en verano en municipios turísticos como Calp, donde la población puede cuadruplicarse. “Todos los gobiernos han sido responsables de esta dejadez, incluido el Botànic. No se puede seguir dotando recursos en base a la población censada cuando el número real de personas se multiplica en verano”, ha denunciado, acusando a la administración de actuar con opacidad y de poner en riesgo vidas.

En una reflexión final, Perles lanza un mensaje directo sobre la clase política: “El problema es que en muchos partidos no asciende el más preparado, sino el que mejor maneja los entornos sociales. Necesitamos que gobierne quien aporta soluciones, no quien más bares pisa”.