Valencia: las lluvias, las promesas y los culpables olvidados

En política, las catástrofes naturales suelen convertirse en escenarios de responsabilidad compartida, aunque casi siempre acaban teniendo un solo pagano: el ciudadano. Las recientes riadas en Valencia han vuelto a dejar al descubierto la negligencia de la clase política, pero también la hipocresía de quienes, después de haber tenido el poder para prevenirlas, ahora se limitan a repartir culpas ajenas desde los despachos de Madrid.

Es cierto —y nadie lo niega— que el Partido Popular en Valencia no ha estado a la altura. Su gestión ha mostrado una negligencia evidente y una falta de capacidad manifiesta. Han fallado en previsión, en ejecución y en liderazgo. Pero, tras las críticas legítimas a la administración autonómica, surge una pregunta que nadie parece querer hacer en voz alta:

¿Dónde está la responsabilidad del Partido Socialista?

Porque sí, hay responsabilidad, y mucha. Nadie desde el Gobierno ni desde los medios afines se atreve a pedir explicaciones. Nadie interroga a los ministros implicados. Nadie recuerda las promesas incumplidas que hoy pesan como una losa sobre las familias valencianas que lo han perdido todo.

Las obras que se prometieron y nunca llegaron

En 2005, el Partido Socialista prometió una infraestructura clave: la presa de Cheste, una obra que debía haberse convertido en el escudo hidráulico de la región. Aquella presa jamás se construyó.

Años después, en 2011, el Gobierno socialista volvió a prometer otra actuación vital: el encauzamiento y la adecuación del Barranco del Pollo, una zona identificada como de riesgo alto en los informes del propio Ministerio. Incluso se firmó un documento oficial con el compromiso rubricado por la entonces secretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera. El proyecto nunca pasó del papel.

Ambas obras habrían evitado el desbordamiento que ha arrasado barrios enteros. Habrían salvado vidas. Y sin embargo, se quedaron en promesas electorales, archivadas por cálculos políticos y por esa obsesión ideológica de disfrazar la inacción bajo el pretexto del “dogmatismo climático”.

Los muertos de Valencia no son solo consecuencia de la lluvia, sino de la dejadez política. La omisión también mata.

La responsabilidad que nadie asume

La ley es clara: cuando una administración conoce un riesgo, aprueba planes para mitigarlo, presupuesta su ejecución y finalmente decide no hacer nada, incurre en responsabilidad civil y penal. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí.

El Partido Socialista sabía del riesgo. Tenía los informes, los proyectos, las previsiones y los presupuestos. Y, aun así, eligió no actuar. No por falta de dinero ni de recursos, sino por una mezcla de ideología, cálculo electoral y burocracia autocomplaciente.

Y después de la tragedia, cuando el agua ya había arrasado calles, casas y cosechas, el Gobierno dispuso de todo su poder —del ejército, de las empresas públicas, de los medios propios del Estado— y decidió no utilizarlos. Ni limpieza inmediata, ni reconstrucción coordinada, ni apoyo humano real.

Los valencianos se quedaron solos, como si su tierra no formara parte de España.

El engaño de las “ayudas”

El ministro Bolaños compareció ufano ante los medios para anunciar “4.000 millones en ayudas”. Pero, como suele ocurrir en la política de los titulares, la letra pequeña desmonta el discurso triunfalista.

De esos 4.000 millones, solo 1.200 millones son desembolsos directos del Estado. El resto son simples aplazamientos, moratorias o prohibiciones impuestas a terceros: que los arrendadores no cobren los alquileres, que las empresas de suministros congelen pagos o que los bancos concedan carencias.

Eso no son ayudas: son trucos contables.

El Estado no pone el dinero; simplemente obliga a otros a no cobrarlo.

Y cuando se trata de las ayudas al campo, el escándalo roza lo grotesco. Solo podrán acceder a ellas los agricultores cuya dedicación sea al 100% agrícola, es decir, aquellos que no compaginen su actividad con otro trabajo o con una jubilación parcial. En una comunidad donde la agricultura familiar y mixta es la norma, eso significa que el 80% de los afectados quedarán fuera.

Un agricultor con una pequeña explotación y un trabajo a media jornada, excluido. Un jubilado que aún cuida su huerto, excluido. Una cooperativa con dos fuentes de ingreso, excluida.

El Gobierno llama a eso “ayuda social”. Los valencianos, con razón, lo llaman una burla.

El insulto final

Por si no bastara, el Real Decreto de ayudas incluye, escondido entre sus disposiciones finales, un regalo personal: la prórroga de la edad de jubilación del Director Adjunto Operativo del Ministerio del Interior, un amigo del ministro Marlaska.

Mientras los valencianos cuentan sus pérdidas, el Gobierno cuela favores políticos bajo el título de “reconstrucción”. Es el colmo del cinismo. Y el símbolo de una política que ha perdido el sentido moral.

Porque lo que Valencia necesita no son decretos con letra pequeña ni discursos huecos. Lo que necesita es acción:

Enviar a las empresas públicas del Estado —TRAGSA, TRAGSATEC, INDECO— a trabajar en la reconstrucción.

Mover maquinaria, limpiar cauces, reparar carreteras, reconstruir puentes.

Cumplir con la obligación moral y legal de un Gobierno que debería proteger, no abandonar.

Cuando la inacción se convierte en crimen

Valencia no necesitaba discursos, necesitaba obras.

Y las tuvo prometidas, proyectadas y presupuestadas.

Pero nunca ejecutadas.

Los muertos, las pérdidas y el sufrimiento que hoy lamentamos no son una fatalidad natural, sino el resultado directo de años de desidia, sectarismo y cálculo político.

Mientras tanto, el pueblo valenciano sigue limpiando el barro con sus propias manos, esperando que algún día alguien, en Madrid, asuma la responsabilidad que lleva años esquivando.

Porque los valencianos no necesitan compasión. Necesitan justicia.

Pedro Fuentes Caballero.