El gobierno suaviza el nuevo control impuesto al sector pesquero tras la presión de los marineros

Aunque denostada administrativamente, la pesca continúa siendo un motor económico del país. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado flexibilizar la aplicación del nuevo reglamento de Control de la Pesca de la Unión Europea, en vigor desde el pasado 10 de enero. El objetivo es reducir la carga administrativa sobre la flota y evitar sanciones por errores formales.

La decisión llega tras una tensa reunión mantenida en Madrid entre la Secretaría General de Pesca, representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la Confederación Española de Pesca; tras una jornada de cofradías cerradas, flotas amarradas y movilizaciones en todo el país.

El acuerdo supone un tímido alivio para un sector pesquero cada más limitado y que ya había alertado de que la aplicación de esta nueva norma ponía en riesgo su trabajo en alta mar. Los Pòsits de Dénia, Xàbia y Calp han valorado positivamente el acuerdo y han expresado su compromiso de colaborar para aplicar las medidas.  

Entre las principales medidas pactadas destaca que los errores u omisiones -en la anotación en el diario de a bordo- de capturas inferiores a 50 kilos por especie, no se considerarán infracción siempre que la declaración de desembarque refleje correctamente las cantidades reales.

Asimismo, se flexibiliza la obligación de registrar las capturas en cada operación de pesca. A partir de ahora, se dará por cumplida esta norma cuando la información se facilite al menos una vez al día, antes de la llegada a puerto o en el lugar de desembarque. Con esta consideración se pretende reducir la burocracia sin renunciar a la trazabilidad y al control exigidos por la normativa europea.

Otro de los cambios relevantes afecta a la notificación previa de llegada a puerto. Las embarcaciones podrán comunicar su llegada en el momento en que pongan rumbo al puerto salvo en aquellos casos que tengan plazos específicos o estén sujetos a preaviso obligatorio.

Así, la Secretaría General de Pesca aprobará, de forma urgente, una resolución para clarificar estos criterios y dará instrucciones a los servicios de inspección para garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio.

El Gobierno trasladará estas dificultades a la Comisión Europea y solicitará formalmente una modificación del reglamento para que los errores en anotaciones inferiores a 50 kilos no sean considerados incumplimientos. Mientras se tramita esta reforma, España pedirá que estos errores no puedan calificarse como infracción grave. Estas cuestiones se abordarán en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE que se celebrará el próximo 26 de enero en Bruselas.

Próximamente se convocará una nueva reunión para evaluar el impacto real de estas decisiones en la actividad diaria del sector.