Detienen a un Guardia Civil que cobraba por permitir pasar la ITV en Ondara a coches en mal estado

Es difícil calcular cuántos vehículos están circulando a día de hoy tras haber superado la revisión fraudolenta. Este lunes, una investigación de la Guardia Civil ha permitido detectar un sistema organizado mediante el cual se validaban inspecciones técnicas en la estación de ITV de Ondara; sin que los coches hubieran superado realmente las pruebas exigidas. El entramado certificaba como "reparadas" deficiencias que en realidad persistían, permitiendo que vehículos con fallos relevantes siguieran circulando por las carreteras.

La operación no sólo ha sacado a la luz una presunta trama de corrupción interna, sino que ha puesto el foco en un problema menos visible y potencialmente más grave: la circulación durante años de vehículos que no reunían las condiciones mínimas de seguridad.

Entre los detenidos figuran seis trabajadores de la estación, así como un guardia civil destinado en el puesto de Gandia-Oliva que, supuestamente, habría actuado como intermediario cobrando comisiones a cambio de inspecciones favorables. Todos ellos se encuentran en libertad provisional a la espera de ser requeridos por el juzgado. A estas personas se les acusa, inicialmente, de delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial. Si bien no se descarta que se amplíe a otros tipos penales.

Desde primera hora de la mañana del lunes, la presencia de una veintena de agentes en las instalaciones obligó a paralizar la actividad de la ITV dejando a decenas de conductores sin poder pasar la inspección prevista y provocando largas retenciones y la imposibilidad de obtener cita a través de la web. Aunque el servicio se fue normalizando progresivamente a lo largo del día, el colapso evidenció las carencias del sistema y el alcance de la intervención.

Más allá de las detenciones, la investigación abre ahora un escenario complejo: Revisar cuántos vehículos obtuvieron el certificado de idoneidad de manera fraudulenta y evaluar el riesgo que puede suponer para sus conductores y para el resto de usuarios en las carreteras. Para ello, la Guardia Civil ha iniciado un análisis de documentación, registros y dispositivos electrónicos intervenidos; para reconstruir el alcance real de la trama.