El PSPV-PSOE Dénia considera que la nueva Ley del Suelo ‘mercantiliza el territorio’ y resta autonomía a los ayuntamientos

La diputada socialista en Les Corts Valencianes, María José Salvador ha visitado Dénia con el fin de explicar las alegaciones que el PSPV-PSOE ha presentado contra el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo impulsada por la Generalitat Valenciana. En el encuentro ha estado acompañada por el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt y por la secretaria general de los socialistas de Dénia, Maria Josep Ripoll.

Salvador ha centrado sus críticas en la reducción de los plazos para la emisión de informes sectoriales vinculados al planeamiento urbanístico. Según ha expuesto, el anteproyecto establece un plazo de un mes para estos informes introduciendo el denominado silencio positivo: “Si en un mes no está el informe, se entiende por aprobado”. Esto, ha advertido, “hace caer el sistema preventivo de control” y traslada a los ayuntamientos la responsabilidad de posibles deficiencias en proyectos ya consolidados.

La diputada también ha denunciado la eliminación de la obligación de incorporar la perspectiva de género en la planificación urbanística, una herramienta que, según recordó, fue introducida en la LOTUP durante el Govern del Botànic. A su juicio, esta supresión supone “una regresión” y sitúa la normativa valenciana “en contra de los planteamientos de la legislación europea en materia de ordenación del territorio e igualdad”.

Otro de los ejes de la comparecencia ha sido la vivienda protegida. Salvador ha calificado de “paradójico” que, mientras el actual Consell sitúa la vivienda como prioridad política, el anteproyecto elimine las reservas mínimas obligatorias de suelo para vivienda protegida. “No existe ninguna intención real de que se construya vivienda protegida en la Comunitat Valenciana”, ha denunciado. También sostiene que el modelo que se propone “mercantiliza el derecho a la vivienda” y prioriza el “hacer negocio”.

En este contexto, ha vinculado la nueva Ley del Suelo con el desarrollo del Plan Vive, al que atribuyó un cambio sustancial en la concepción de la vivienda protegida. El uso de permutas de suelo público con promotores privados, el incremento de los umbrales de renta para acceder a VPO y la subida del precio del módulo hasta los 2.400 euros por metro cuadrado “desnaturaliza la función social de la vivienda”.

Salvador ha añadido que el decreto aprobado en diciembre de 2024 elimina los registros y controles previos para la adjudicación de vivienda protegida de iniciativa privada, lo que, a su entender, “facilita el oscurantismo y la falta de publicidad”. La diputada defiende, como alternativa, un sistema basado en la cesión de uso y el derecho de superficie, con titularidad pública del suelo y vivienda en alquiler asequible de carácter permanente.

La diputada también ha alertado sobre la regulación de las Declaraciones de Interés Comunitario (DIC), que el anteproyecto convierte en permanentes. A su juicio, esta modificación favorece una “reclasificación encubierta de suelo no urbanizable” y responde a un objetivo claro: “urbanizarlo todo”. Salvador concluye que la nueva ley permitirá que iniciativas privadas prevalezcan incluso sobre los planes generales municipales, limitando la capacidad de los ayuntamientos para definir su modelo de ciudad.

La edil de Dénia Maria Josep Ripoll también ha apuntado los efectos de la norma sobre el suelo rural y no urbanizable. Ripoll advirte de que la ley “instala una auténtica cruzada contra el suelo rural”, al permitir la reclasificación, incluso, de terrenos incendiados y autorizar usos terciarios (de ocio, recreativos o deportivos) en suelos rústicos protegidos por su valor agrícola.

Ripoll ha alertado además de que el anteproyecto recupera el sistema de gestión por parte de los propietarios, relegando la gestión directa pública, y permitiendo aumentar la edificabilidad y la densidad en planes generales anteriores a la ley, como el de Dénia, sin incrementar las dotaciones ni los equipamientos públicos.

El alcalde, Vicent Grimalt, se ha referido al impacto concreto que la ley podría tener en Dénia señalando sectores estratégicos como el entorno de Torrecremada. Grimalt ha recordado que, según trasladó en su día la Dirección General de Urbanismo, “el plan general de Dénia estaba para tirar a la basura”, una afirmación que, a su juicio, cobra ahora sentido al permitir el anteproyecto modificar edificabilidades y criterios sin necesidad de procesos judiciales. También ha incidido de que la falta de suelo público para dotaciones podría derivar en una mayor dependencia de iniciativas privadas en ámbitos como la educación o la sanidad.