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Carlos López
Miércoles, 11 de Noviembre de 2015 Tiempo de lectura:

La ACNV acusa al Consell de querer modificar por la puerta de atrás la ley de Puertos

La asociación que agrupa los clubes de la Comunitat, entre los que se encuentran el de Dénia, Xàbia, Moraira y Calp, prepara la respuesta a este "ataque" de la Generalitat

La Conselleria de Infraestructuras ha presentado una modificación a la disposición derogatoria única de la ley de Puertos de la Generalitat Valenciana, escondiéndola dentro de la tramitación de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos. Una modificación, que según han subrayado desde la Asociación de Clubes Náuticos de la Comunitat Valenciana en un comunicado, propone eliminar de la Ley de Puertos el supuesto de adjudicación directa de concesiones cuando el solicitante es un club náutico.
 
Esta entidad que agrupa a los Clubes Náuticos de la Comunitat, entre los que se encuentra el de Dénia, Jávea, Moraira o Calp, no "se explican esta medida derogatoria, ya que si el marco legal Europeo obligara a la Generalitat Valenciana a sacar a concurso público las concesiones de los Clubes Náuticos no seria necesario una modificación de la Ley de Puertos como la que propone. La modificación propuesta pone de manifiesto que la Ley permite solicitar una nueva concesión sin concurso público cuando el solicitante es un Club Náutico, por lo que desde la Conselleria quieren eliminar esa posibilidad para permitir que las instalaciones que actualmente gestionan los Clubes Náuticos pasen a manos privadas".
 
De hecho, auguran que si la modificación de la Ley de puertos prospera, "se producirá un agravio comparativo con la Ley de Puertos del Estado, que destaca por el reconocimiento a la labor de los clubs y permite otorgar una nueva concesión a un Club Náutico sin la obligatoriedad de acudir a un concurso público". De este modo, existirá "una clara indefensión para la actividad de los clubes en los puertos que dependan de la Autonomía, frente a aquellos que se encuentran bajo la administración del Estado".
 
La Asociación de Clubes Náuticos ha solicitado a sus asesores jurídicos que estudien posibles iniciativas legales para enfrentarse a las tesis esgrimidas por la Generalitat para iniciar un proceso de privatización de las instalaciones que actualmente gestionan los clubes náuticos, ya que, a su juicio, la situación es muy clara desde el aspecto legal.
 
Así, en relación con la directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de concesión, cabe señalar que dicha  directiva no se aplica a las Concesiones Demaniales que se regulan por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas. 
 
La Conselleria “se encuentra” doce concesiones vencidas
 
Para la Asociación, resulta "sorprendente" que la Conselleria diga que “se ha encontrado” con doce concesiones caducadas, cuando la Asociación lleva varios años denunciando este hecho y reuniéndose con todos los grupos políticos, y cuando, además, se presentaron por registro de entrada las solicitudes de renovación el pasado mes de abril. A juicio de la Asociación, esta declaración de la Conselleria es bien un síntoma de una clara falta de organización y comunicación entre los técnicos y la dirección política.
 
En cualquier caso, los clubes no quieren amnistías ni prórrogas temporales, sino trabajar con garantías y con una seguridad jurídica suficiente para acometer las reformas e inversiones necesarias con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible a todos los usuarios --incluidos deportistas, turistas y visitantes-- de la náutica de la Comunitat Valenciana. El único beneficiado de la supuesta amnistía es la propia Generalitat, que evita hacerse cargo de las instalaciones y deja que sean los clubes quienes las mantengan mientras gana tiempo para preparar sus concursos para dar entrada a las empresas privadas.
 
Ante este panorama incierto y el silencio de la Generalitat sobre las diversas solicitudes de reuniones, los clubes están ya preparando acciones de protesta y defensa como la interposición de contenciosos administrativos y la organización de concentraciones y manifestaciones para reclamar a la administración diálogo en lugar de imposición.
 
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