La Comisión de “caso Collado” propondrá al pleno reprobar a la anterior alcaldesa

 

El presidente de la comisión especial, el concejal de Camviem Entre Tots, Alex Rodenkirchen, compareció ayer junto con el concejal de Seguridad, Javier Scotto y la de Deportes, Marian Tamarit, para dar cuenta de las conclusiones a las que han llegado tras las investigaciones que han realizado al respecto.

 

En el documeno final que se eleva al pleno, se propone la reprobación de la exalcaldesa, Ana Kringe por “ocultar la sentencia” y también propone “declarar su responsabilidad política en los hechos”. Además, sugiere solicitar un informe jurídico sobre la viabilidad de ejercer una acción de reintegro de las cantidades declaradas como indebidamente percibidas, unos 130.000 euros. 

 

Estos importes se corresponden con el salario que recibió el concejal Collado durante los dos años en que estuvo en el gobierno de 2008 a 2010, tras apoyar la moción de censura que planteó el PP a la primera edil socialista, Paqui Viciano. Se da la circunstancia que Collado falleció hace un año tras una larga enfermedad. 

 

Otra de las cuestiones que deberá ser refrendado en el pleno es trasladar el asunto a la Fiscalía de Alicante para que dictamine si los hechos investigados constiuyen algún tipo de delito, así como la creación de un registro público de sentencias que agrupe todos los líos judiciales en los que está involucrado el Consistorio y que además sea accesible para todos los ciudadanos en el portal de transparencia.  

 

 

 

Tras conocer las conclusiones de la Comisión, desde el Partido Popular de Dénia han remitido un amplio comunicado en el que desglosan todo lo acontecido desde que en 2008 el pleno del Ayuntamiento (con la nueva mayoría tras la moción de censura) otorgó dar nuevas competencias a Collado. “Ese acuerdo -señala el PP- pudo gustar o no, pero resulta obvio que los entonces gobernantes actuaron de buena fe ya que disponían de informes jurídicos favorables”. 

 

Según narran el PSPV de Dénia planteó tres recursos de reposición que fueron rechazados en base a un informe del secretario municipal, la Subdelegación del gobierno pidió la anulación del acuerdo y al rechazarlo el Consistorio “para no contravenir los informes jurídicos” llevó el caso a los tribunales. 

 

Según el relato popular, en una primera sentencia los tribunales fallaron a favor de las tesis planteadas por la Subdelegación, pero decidieron recurrir. Y tras ese recurso municipal, el juez no lo aceptó y entonces hizo firme la sentencia inicial. Un auto que el anterior ejecutivo “hubiera acatado de haber tenido constancia”. 

 

El PP remarca en otra parte del comunicado que en el expediente del asunto, cuando fueron a buscarlo tras solicitarlo el concejal Oscar Mengual en el pleno,  “la sentencia no figuraba”.  Y se refieren a la comisión de investigación “de buena fe votamos constituirla” pero añaden “la concejal Tamarit acudió a la primera sesión con las conclusiones en la mano”.

 

 

Los populares abundan en el funcionamiento de la Comisión y lamentan que el presidente no quiso incluir en la lista de comparecientes a “otras personas” ni siquiera a la anterior alcaldesa, Ana Kringe, a la que “se le acusan de todos los males” y no se le dio “la oportunidad ni de explicarse ni de defenderse”. 

 

 

Finalmente desde el PP consideran que la comisión “ha sido desde el principio una caza de brujas” y denuncian que se ha extralimitado en sus funciones “dado que se trataba de dilucidar si hubo algún tipo de irregularidad en la notificación de una sentencia y finalmente lo que hace es una interpretación completamente arbitraria y partidista de cómo debería ejecutarse esa sentencia, cuando eso es algo reservado a los tribunales”.