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deniadigital
Martes, 08 de Noviembre de 2016 Tiempo de lectura:

Condenan a un funcionario que se llevó 200.000 euros de una cuenta del juzgado en el que trabajaba

El funcionario ocupaba el puesto de tramitador en una de las salas del partido judicial de Dénia entre 2010 y 2011. La sentencia ha declarado como probados que falsificó la firma de la secretaria y otros empleados para hacer transferencias desde la cuenta del juzgado a las de familiares.

Un tribunal ha impuesto cuatro años y ocho meses de prisión a un funcionario que se apropió de 203.255 euros de una cuenta del antiguo juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de la localidad de Dénia, según ha desvelado la agencia EFE. 

 

La sentencia, contra la que cabe recurso al Supremo, establece también penas que van desde los nueve meses a los tres años de cárcel y sendas multas a otros ocho acusados por colaborar en este desfalco.

 

Los hechos se remontan a  mayo de 2010 y noviembre de 2011, cuando el empleado trabajaba como tramitador en el juzgado y se hizo con la clave de acceso a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Ministerio de Justicia. (Esta es la cuenta en la que se depositan avales y otros en los casos que están en juicio). 

 

Según el auto, con ese código "bien de su  puño y letra, bien valiéndose de otro, falsificó la firma de la secretaria judicial" y realizó cuarenta mandamientos de pago indebidos a favor de familiares y conocidos para "obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial" , que fueron cobrados en efectivo "por familiares, conocidos y amigos" del empleado de la justicia. 

 En total fueron 8 personas las que retiraron ese dinero y que según ha quedado probado "conocían la falsedad de los mandamientos de pago librados a su favor y colaboraron con el principal sospechoso en el fraude". 

 

En la fase de juicio, el condenado reconoció el fraude, se mostró arrepentido y aseguró que quería devolver el dinero, pero pese a ello, le condenó a cuatro años y ocho meses de cárcel por delitos continuados de estafa y falsedad en documento oficial, así como a pagar una multa de 1.980 euros. 

Mientras, que a los colaboradores, les ha impuesto penas que van desde los nueve meses a los tres años de cárcel y multas en función de la cuantía de los fondos públicos que percibieron.  

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